Las medidas anunciadas por el presidente Santos y su ministro Santamaría el pasado 12 de agosto, de lo que se tratan no es de corregir los problemas de fondo del sistema de salud vigente sino de refinar el modelo de intermediación financiera.
Aunque finalmente el gobierno Santos logró la aprobación por el Congreso de Colombia de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 y por lo tanto no necesitó de una Ley Estatutaria para introducir reformas al sistema de salud, tanto el marco conceptual como el análisis particular presentados en esta ponencia conservan validez toda vez que la ley aprobada se fundamenta en los mismos principios económicos e incluye los mismos ajustes al sistema de salud propuestos en el proyecto de Ley Estatutaria.
En Estados Unidos, 46 millones de personas no tienen seguro de salud porque no pueden pagarlo. 45.000 de ellas mueren anualmente como consecuencia directa de no estar aseguradas, o lo que es lo mismo, una muerte cada 12 minutos que podría evitarse si estas personas tuvieran acceso oportuno a los servicios de salud. El costo promedio del seguro médico para una familia de tres personas es de US $13.000, una suma impagable para un sector cada vez más numeroso de la población, incluyendo a quienes están empleados de tiempo completo.
Los expertos defensores del sistema de salud colombiano insisten en que está pasada de moda la “discusión ideológica que opone lo público a lo privado”, pero olvidan mencionar que la Ley 100 fue aprobada precisamente para privatizar en lo fundamental ese sistema y para limitar el papel del Gobierno al de simple regulador del sistema, con el propósito de “minimizar las fallas del mercado”
Neoliberal health reforms are imposed in each country depending on the current health system, the political position of the national government, the correlation of forces between legislators and the degree of opposition from citizens