La salud mental en Colombia: enterrada en un cementerio de leyes
Como Psicólogo y científico de la conducta en áreas de la salud pública, he dedicado los cincuenta años de mi vida profesional a entender la dinámica íntima del sufrimiento psicológico tanto a nivel individual como colectivo. Mi formación como la de tantos colegas, motivada por el propósito de intentar aliviarlo, me ha llevado más allá del consultorio y del hospital, a examinar el entorno interpersonal, social, político, y económico que moldea el comportamiento humano con que se expresan los desequilibrios del sistema nervioso, de los pensamientos y las emociones que afectan lo que se ha denominado salud mental.
La dura realidad que afecta la salud mental
Hoy, en Colombia, y en el mundo, enfrentamos una situación de salud mental caracterizada por personas, comunidades y grupos de población que presentan complejos imbalances y reacciones psicológicas experimentadas al interactuar socialmente y que afectan su desarrollo, funcionalidad y productividad. Estos problemas y trastornos mentales a su vez deterioran los distintos niveles de relacionamiento y las redes de apoyo social que debían recompensarnos brindándonos seguridad, respeto, alegría, satisfacción y placer, solidaridad, identidad y sentido de pertenencia. La evidencia científica demuestra que sin esos vínculos no es posible proteger nuestra salud.
Se experimenta angustia por las violencias de todo tipo, por la vulnerabilidad de un no futuro, por la incertidumbre e inestabilidad o conflictos en las relaciones de pareja o en el ambiente de estudio o de trabajo, por la economía del rebusque y la informalidad que, según los expertos, si en Colombia se midiera correctamente, sería del 80%. Por las epidemias regionales o globales. Por las guerras lejanas y las que merodean nuestras fronteras.
Nuestro equilibrio psicológico con el entorno natural y social se fractura por que como dijera Nyung-Chul Han al recibir el premio Princesa de Asturias: “Las redes sociales podrían haber sido un medio para el amor y la amistad, pero lo que predomina en ellos es el odio, los bulos y la agresividad” y porque “Aunque hoy creamos ser más libres que nunca, la realidad es que vivimos en un régimen despótico neoliberal que explota la libertad”.
Esta realidad constituye una emergencia de salud pública que impacta comunidades y grupos poblacionales, amenazando con expandirse, al juzgar por los indicadores y las estadísticas. Una emergencia que a diario se declara, pero para la cual no pareciera existir tratamiento ni cura. El gobierno, las autoridades sanitarias, las fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, los departamentos de responsabilidad social de las pocas grandes empresas y hasta los buenos samaritanos reconocen la gravedad de la crisis, pero nadie la atiende en la dimensión que se necesita, mucho menos se previene como es debido.
El refugio al que se acude y que permite eludir responsabilidades, en primer lugar, la de los gobiernos, es el de emitir documentos de política pública, como si mágicamente estos se materializaran en soluciones. Se acumulan informes, documentos, leyes, decretos, resoluciones, que como bien lo describe el Dr. Steven Marulanda Plata, terminan sepultadas en lo que él ha llamado el “cementerio de leyes de Macondo”.
Aunque en un país como el nuestro, las políticas públicas por lo general no resuelven los problemas, esto no significa que quienes las diseñan y promueven no esperen beneficiar sus intereses. Como lo resumió la IA al pedirle que sintetizara varios artículos sobre el tema: “Los grupos económicos buscan políticas que les beneficien económicamente, mientras que los partidos políticos buscan políticas que refuercen su base electoral o agenda ideológica”.
Políticas de salud mental, ¿condenadas a convertirse en letra muerta?
Mencionemos solo algunos documentos y normas de política pública expedidas en los últimos años. La Ley 1616 de 2013, liderada en el Congreso de la República por Alba Luz Pinilla, definió conceptos y tomó medidas orientadas a contar con instrumentos que contribuyeran a resolver, la ya crítica situación de salud mental. Uno de ellos, el establecimiento del Consejo Nacional de Salud Mental (CNSM) y de los Consejos departamentales y distritales de salud mental (art.29).
Para el año 2020, el CNSM se había constituido bajo la tutela del Ministerio de Salud, pero no contaba con presupuesto apropiado ni con una dinámica que trascendiera, entre otros factores porque en la estructura administrativa del ministerio, salud mental ha estado relegada a un “Grupo de gestión integrada”, un lugar irrelevante.
De manera similar, los consejos departamentales conformados a esa fecha se contaban en los dedos de una mano y carecían de dientes para coordinar proyectos y programas efectivos en el territorio. Los que deberían ser organismos de integración y de coordinación de los planes de las entidades territoriales de salud con los grupos de interés de la denominada sociedad civil, no se habían constituido o languidecían por la falta de voluntad política y de recursos.
La política nacional de salud mental de 2018, elaborada con asesoría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el Dr. Juan Pablo Uribe, primer ministro de salud del presidente Iván Duque pudo servir de marco general para implementar programas efectivos durante la pandemia de Covid 19, pero no fue así. Cuando el 2 de abril de 2020 propusimos desde el Colegio Colombiano de Psicólogos y bajo la dirección del Dr. Leonidas Castro Camacho una estrategia bien fundamentada para implementar dicha política en el marco de la pandemia, la respuesta del Ministerio de Salud fue ninguna que condujera a tomar medidas efectivas.
Por el contrario, el 14 de abril siguiente, el gobierno promulgó el Documento CONPES 3992 “Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia” que se refería a la situación de la salud mental en Colombia antes de la pandemia. No incluía ningún programa específico de dimensión nacional y de impacto poblacional ni asignaba recursos para al menos mitigar la carga de problemas y trastornos que se acumulaban a diario con la cuarentena decretada en marzo. No en vano en Colombia ha hecho carrera la frase: “a nadie se le niega un CONPES” para referirse a la inutilidad de los documentos de política pública.
En el actual gobierno, la Ley 1616 se reemplazó sin derogarla por la Ley 2460 de 2025 y la política nacional de Iván Duque se extinguió sin pena ni gloria para ser renovada por la política nacional de salud mental 2025 – 2034 del gobierno actual establecida mediante el decreto 0729 de 2025.
En ambas políticas públicas cuyos ambiciosos objetivos contrastan con las limitaciones presupuestales, se introdujeron aspectos para adaptar los lineamientos y las normas al modelo de salud preventivo y predictivo de la reforma a la salud del presidente Petro. El decreto 0729 con el anexo técnico consta de 147 páginas y fue elaborado por un equipo de 31 especialistas con una metodología robusta.
Al leerlo desprevenidamente, la impresión es que se trata de un documento de calidad que no deja aspecto sin cubrir. Cuando se reflexiona sobre el contenido, la conclusión es que se trata de un ejercicio teórico para un sistema de salud ideal y lo más preocupante, para un sistema de salud que no se ha podido aprobar en el Senado de la República. Los objetivos de la política son muy ambiciosos pero la financiación descansa básicamente en los recursos ya insuficientes de la Unidad de Pago por Capitación – UPC y del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC.
En el enfoque de Atención Primaria en Salud – APS del documento se magnifica el impacto que puedan tener los Equipos Básicos de Salud y los Centros de Atención Primaria – CAPS. De los primeros, que según el ministro Jaramillo, ya hay más de 10.000 regados en el país, no se conocen resultados, se cuestiona su papel en la ciudades grandes y medianas, y crece el consenso respecto que en su conformación y acción territorial predomina un marcado interés en el control de los recursos de la salud en época preelectoral.
En la práctica, el alcance de lo planteado en estos documentos a nivel comunitario seguramente se va a reducir a lo que puedan ejecutar los psicólogos de los equipos de salud que ya se encuentran activos en el territorio nacional. Los CAPS hoy son los maltrechos hospitales públicos existentes, entre los cuales, los pocos hospitales o unidades mentales que subsisten requieren de enormes inversiones para poder convertirse en centros regionales de referencia que plantea la nueva ley.
Se ha informado de financiación del BID para esos centros de referencia, préstamos que conllevan condiciones. Una política similar en Argentina parece haber terminado en el aumento de camas psiquiátricas, lo que en el fondo es la negación del enfoque comunitario y de atención primaria que se anuncia en la política pública.
La Ley 2460 y el Decreto 0729 se concibieron siguiendo lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que proponen dejar atrás el modelo de atención centrado en el manejo médico y hacer “la transición desde la reclusión de personas con problemas mentales en hospitales psiquiátricos hacia una atención digna y de calidad en la comunidad”.
La política de salud mental actualizada establece metas a alcanzar en 2031 que seguramente se quedarán en el aire, empezando porque no hay metas para el 7 de agosto de 2026 que permitan evaluar hasta donde avanzó el actual gobierno. También establece un complejo modelo de seguimiento y evaluación de la política difícil de implementar.
Ante los reclamos de distintos sectores, la nueva ley 2460 creó una “instancia directiva” de salud mental bajo el viceministerio de salud pública (Art. 32). Amanecerá y veremos de que nivel llega a ser tal instancia en el organigrama del ministerio y que tan robusto, técnico y experimentado va a ser el equipo de esa instancia, de lo cual depende que pueda cumplir con las seis funciones que se le asignaron, básicamente todas de coordinación.
El gobierno actual no avanza en recuperar el deprimente estado de la salud mental
Arrastramos el doloroso duelo por los innumerables muertos ocasionados por la pandemia, fallecimientos hoy invisibilizados, como si no hubieran ocurridos. A esa tragedia debemos sumar el impacto psicológico de las múltiples violencias recrudecidas por la pobreza, las inequidades sociales de la postpandemia, la inseguridad generalizada y el fracaso de la política de la paz total.
El aumento constante de casos diagnosticados de esquizofrenia o bipolaridad, y las frías estadísticas de conducta suicida, entre otros, son motivo justificado de alarma y su atención debe ser una prioridad. No se debe subestimar que entre la población más afectada por estrés, depresión y ansiedad se encuentran en primer lugar las mujeres jóvenes de bajos ingresos.
La gestión general en salud del actual gobierno nacional se debate entre la radicalidad del discurso presidencial contra las EPS y la sujeción al texto de la Ley 100 que las creó. Mientras aumenta el número de decretos y resoluciones emitidas por el presidente y las autoridades de salud, las medidas allí tomadas, antes que resolver problemas, los agravan. Así lo demuestra lo ocurrido con las intervenciones a las EPS o el nuevo modelo de salud del magisterio.
En términos de indicadores y “no obstante la amplia regulación existente en materia de salud mental en el territorio colombiano”, poco o nada va a cambiar en lo que resta del cuatrienio de la actual administración. En el día a día, continuaremos siendo testigos del sufrimiento emocional de personas de todas las edades y de los diferentes estratos sociales. A nivel poblacional continuaremos viéndonos abocados a un gravísimo problema de salud pública.
Del resultado de las elecciones presidenciales del año 2026 depende en gran parte la suerte de la salud mental en Colombia.
