No basta que existan lineamientos de política pública si no se garantiza el acceso a los servicios. En Colombia, para las víctimas de violencias el sistema de salud prevé una cobertura de más de 60 sesiones de intervención terapéutica, pero por las múltiples barreras de acceso, en la vida real solo puede contarse y no de manera generalizada, con la atención inicial de urgencia.
En este período de pandemia, si los gobiernos nacionales mantienen en un estado de precariedad la financiación de la atención de la salud mental, los efectos devastadores tanto a nivel psicológico como en la economía serán su exclusiva responsabilidad.
La emergencia ha demostrado la necesidad de emplear en condiciones laborales y de contratación aceptables a un gran número de psicólogos profesionales para atender las necesidades de salud mental de la población agravadas ahora por el impacto psicológico de la pandemia.
Una estrategia efectiva de prevención del suicidio debe incluir el trabajo intersectorial orientado a transformar los determinantes sociales que lo propician y a crear y fortalecer redes comunitarias en que la solidaridad prevalezca sobre el interés individual y la cooperación prime sobre la competencia salvaje. Es decir, debe ser una estrategia fundamentada en un verdadero enfoque de Atención Primaria en salud.