Ciencia, innovación y competitividad empresarial. ¿sobrevivirá Colciencias?
El Estado debe financiar apropiadamente a Colciencias de tal modo que pueda contar con los recursos humanos y de infraestructura que necesita para cumplir con su doble misión de elaborar con participación de los investigadores colombianos políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación y de financiar a través de convocatorias rigurosas, investigación científica orientada a hacer avanzar el conocimiento, a resolver los problemas del país y atender las necesidades no sólo de la competitividad de las empresas sino de la población colombiana.
La Ley 1753 del 9 de junio de 2015 por la cual se promulgó el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 (PND) contiene en cinco artículos (artículos 5º, 7º, 10º, 12º, y 186º) una reforma estructural del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en Colombia (1).
Si bien es cierto, los lineamientos básicos estaban ya esbozados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y el énfasis en la de por sí precaria generación de conocimiento científico se había sustituido por la innovación empresarial desde 1995 con la creación del Sistema Nacional de Innovación y luego con la Ley 1286 de 2009; no se había definido de una manera tan radical, como lo hace el actual PND, el que la dirección y el eje mismo del sistema de CTI no descanse ya en el Estado representado en Colciencias, ni en las universidades, ni en los centros de investigación públicos o privados, sino en las empresas a través de “las Comisiones Regionales de Competitividad en cada departamento” (art. 186 PND).
Esta afirmación puede parecer exagerada porque formalmente en el art. 7º del PND, Colciencias mantiene un papel en la estructuración de los planes estratégicos de CTI. Sin embargo, el mismo artículo establece que el rol de Colciencias se limita a coordinar con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y con los gobiernos regionales los planes de CTI para los Departamentos. Es decir, el nivel predominante de decisión sobre los proyectos a desarrollar serán las Comisiones Regionales de Competitividad, las cuales “serán la única instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación” (art. 186 PND).
En lugar de fortalecer financieramente a Colciencias, el PND mantiene la institución en el camino de su disolución como lo afirma el economista Salomón Kalmanovitz (2), pues el artículo 5º le asigna hasta el 2018 los mismos $400.000 millones por año asignados en los años recientes, recursos tan insuficientes que la negativa del gobierno a aumentarlos condujo a la renuncia de dos de los últimos Directores de la institución. Al limitar al extremo los fondos de Colciencias, el PND centraliza entonces la financiación de los proyectos departamentales de innovación empresarial en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y de su Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD (Art. 7º PND). Otro destacado economista, Jorge Iván González, ha señalado ya con claridad y con base en la experiencia de los últimos años que tan errada es la política de pretender financiar los proyectos de CTI a través de estos OCAD (3).
Este viraje total hacia la innovación empresarial como centro del SNCTI corresponde, como lo sustenta Francisco Sagasti, al “cambio de época” que significó la globalización de las políticas de libre mercado a partir de la década de 1980, de tal manera que según este enfoque basado en las políticas de libre comercio, ya el avance científico y la generación de conocimiento no deben considerarse la base del desarrollo en los países latinoamericanos. Por el contrario, estos países actualmente se orientan a “la absorción de conocimientos y tecnología provenientes del exterior” (4); o como lo describe el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina: “Las principales preocupaciones de las empresas giran en torno a la forma de integrar tecnologías extranjeras a sus sistemas de producción” (5).
Estos mismos criterios son los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su estudio sobre las políticas de innovación en Colombia (6) cuyas recomendaciones, empezando por la de incluir la nueva política de innovación en el PND se siguieron textualmente en la ley 1753. Para la OCDE la formación doctoral “se enfatiza en exceso” ya que lo que se necesita son “competencias ´profesionales a nivel medio”; o un mayor número de técnicos y tecnólogos; a la vez que se insiste en que Colciencias “debe preocuparse más por la innovación que sea nueva para la empresa y para el mercado que por desplazar la frontera del conocimiento global”.
En este contexto de renuncia a generar conocimiento científico y tecnológico en Colombia y de legislación que tiende a convertir a Colciencias en una simple agencia de fomento a la innovación para la competitividad empresarial, no extraña el resultado del programa de retorno al país de colombianos con títulos de Doctorado ni que los pocos programas relativamente grandes de investigación científica financiados por Colciencias se hayan recortado drásticamente y su continuación permanezca en el reino de la incertidumbre.
El Estado debe financiar apropiadamente a Colciencias de tal modo que pueda contar con los recursos humanos y de infraestructura que necesita para cumplir con su doble misión de elaborar con participación de los investigadores colombianos políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación y de financiar a través de convocatorias rigurosas, investigación científica orientada a hacer avanzar el conocimiento, a resolver los problemas del país y atender las necesidades no sólo de la competitividad de las empresas sino de la población colombiana.