“La libertad es la consciencia de la necesidad” pues cuando se comprende y se interioriza, la persona entiende que mucha de la ansiedad y la depresión proviene de la frustración de querer hacer lo que quiere y tener que enfrentarse a la dura realidad que se lo impide.
15.000 fallecimientos significan sufrimiento emocional intenso y duelo para 15.000 grupos familiares y 15.000 redes de amigos, conocidos, compañeros de trabajo o de estudio, vecinos… pero esta situación no se ha reconocido, ni se le ha dado importancia en su verdadera dimensión.
Existe evidencia que la situación de la salud mental en Colombia era ya de hecho muy precaria antes de la pandemia y que con la emergencia del COVID 19 los resultados de los primeros estudios empiezan a mostrar cómo esta situación se agrava aún más.
No basta que existan lineamientos de política pública si no se garantiza el acceso a los servicios. En Colombia, para las víctimas de violencias el sistema de salud prevé una cobertura de más de 60 sesiones de intervención terapéutica, pero por las múltiples barreras de acceso, en la vida real solo puede contarse y no de manera generalizada, con la atención inicial de urgencia.
En este período de pandemia, si los gobiernos nacionales mantienen en un estado de precariedad la financiación de la atención de la salud mental, los efectos devastadores tanto a nivel psicológico como en la economía serán su exclusiva responsabilidad.
La emergencia ha demostrado la necesidad de emplear en condiciones laborales y de contratación aceptables a un gran número de psicólogos profesionales para atender las necesidades de salud mental de la población agravadas ahora por el impacto psicológico de la pandemia.
En sesión del senado, el Senador Gustavo Petro dio unos argumento sobre la sexualidad adolescente inaceptable.
Una estrategia efectiva de prevención del suicidio debe incluir el trabajo intersectorial orientado a transformar los determinantes sociales que lo propician y a crear y fortalecer redes comunitarias en que la solidaridad prevalezca sobre el interés individual y la cooperación prime sobre la competencia salvaje. Es decir, debe ser una estrategia fundamentada en un verdadero enfoque de Atención Primaria en salud.
A pesar de lo que afirma el gobierno, la nueva política de salud, mantiene y refuerza las falencias de la anterior en la cual las EPS son las entidades rectoras en un sistema de aseguramiento que busca ganancias más que salud.
La decisión de mantener para Novartis la exclusividad de comercialización del Glivec es también contraria a la conclusión del estudio realizado por el comité técnico del propio ministerio de salud que recomendó: “Declarar la existencia de razones de interés público sobre el Imatinib con fines de licencia obligatoria”.