Fajardo y el futuro de las EPS
La de las EPS “Es una regulación inaplazable” concluyó el ministro de Salud, Fernando Ruiz en su columna del diario El Tiempo del pasado 22 de mayo, a una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. A los lectores nos llamó la atención que esta admonición viniera de un funcionario que, desde siempre, pero sobre todo como viceministro de Alejandro Gaviria y luego en representación del partido de Vargas Lleras en el gabinete del presidente Duque, se ha destacado por su defensa irrestricta y apoyo al sistema de aseguramiento en salud, del cual, las EPS son el actor dominante.
El título de la columna no es menos intrigante: “¿Tienen futuro las EPS? De ellas depende…”.
Que se recuerde, ninguno de los gobiernos desde que se aprobó la Ley 100 en 1993 ha cuestionado el sistema de salud, ni la existencia de las EPS. Todo lo contrario, las han respaldado, incluso en sus momentos más críticos. Por ejemplo, cuando se demostró por parte de la Contraloría y en los debates del Senador Robledo, la magnitud de la corrupción en Saludcoop y en otras de las aseguradoras en salud.
La columna del ministro Ruiz lo que revela es la política del gobierno de seguir adelante con las reformas no estructurales del sistema de salud (“reestructurar el aseguramiento”) y la decisión de consolidar el predominio de las EPS. Estrategia ya contenida en el Proyecto de Ley 010 de reforma a la salud presentado por la bancada de gobierno y apoyado por el ministro, proyecto que se hundiera en el Congreso de la República.
Un paso fundamental en ese sentido fue “la liquidación de 11 EPS inviables”, proceso que golpea financieramente a los hospitales y clínicas a los que no se les pagan los dineros adeudados por las empresas liquidadas y afecta a los pacientes que son trasladados a otras EPS en medio de numerosos traumatismos.
El gobierno plantea también un “ajuste del modelo de atención hacia un esquema donde los servicios deban proveerse en un esquema territorializado…”, que en la práctica no es otra cosa que una redistribución del mercado del aseguramiento entre las pocas EPS que crecen y se consolidan a medida que se liquidan las demás.
El “ajuste” de mayor envergadura que plantea el ministro es: “empezar a pagar a las EPS de acuerdo con la carga acumulada de la enfermedad que tengan sus afiliados”. Pagarles más a las EPS (el ministro no aclara la forma específica que asumirá ese pago), se considera el incentivo que necesitan las EPS para que cumplan una función que no ha sido de su interés: hacer prevención de la enfermedad y lograr diagnósticos tempranos. El modelo de aseguramiento centrado en la enfermedad ha conducido al aumento de pacientes con enfermedades de alto costo (cáncer, VIH/SIDA; pacientes que requieren trasplantes, neurocirugías, manejo quirúrgico de enfermedades cardiovasculares…), las cuales representan una alta carga económica para el sistema de salud.
Esperar que las EPS, cuyo negocio es la enfermedad, hagan prevención, no tiene mayor sentido. En Holanda, país que cita el ministro como uno donde se hace prevención dentro de un sistema de aseguramiento similar al de Colombia, ante la imposibilidad de lograrlo, finalmente se hizo necesario firmar en el año 2018 un “Acuerdo Nacional de Prevención”. Este acuerdo fue adoptado, además de las aseguradoras, por decenas de Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales con el objetivo de lograr en el año 2040, únicamente tres metas: eliminar el consumo de tabaco, y reducir el consumo problemático de alcohol y la obesidad.
En síntesis, lo que se propone el gobierno es fortalecer un reducido número de super poderosas EPS a las que con fondos públicos se les pagará más por su intermediación, lo que implica un “…incremento del gasto en salud del 7,7 al 8,6% del PIB”. Igualmente, se les garantizará un mercado de afiliados por territorios con la esperanza de que hagan prevención de la salud.
Con base en la experiencia de haber administrado la salud en Medellín y en Antioquia, Sergio Fajardo está dispuesto a un tipo de regulación de las EPS en que estas entidades garanticen el pago a los hospitales y clínicas públicos y privadas. Una regulación en que las EPS cuenten con redes integradas con hospitales públicos e IPS privadas que brinden atención territorial en los diferentes niveles de complejidad y con Secretarías de Salud departamentales y municipales fortalecidas que hagan planes realistas de prevención y salud pública.
Con Fajardo como presidente no se va a presentar la situación que hoy se vive en Chile, donde como advierte el ministro Ruiz, si el plebiscito constitucional avala la decisión de eliminar las ISAPRES (equivalentes a las EPS), desaparecerán las aseguradoras de salud privadas.
